El proceso judicial que afecta a la multinacional cementera Lafarge, hoy integrada en el grupo Holcim1, constituye uno de los casos más relevantes en Europa en materia de responsabilidad empresarial en contextos de conflicto armado. Más allá de sus implicaciones penales, el denominado caso Lafarge en Siria obliga a reflexionar sobre los límites de la acción empresarial, el respeto del derecho internacional y las relaciones históricas entre la industria del cemento y los territorios en guerra.
Una planta de cemento en medio de la guerra
Antes del estallido de la guerra civil siria en 2011, Lafarge había realizado una de las mayores inversiones industriales extranjeras en el país: una planta de cemento situada en Jalabiya, al norte de Siria. Con la progresiva fragmentación del territorio y el avance de distintos grupos armados, la instalación quedó rodeada por zonas fuera del control del Estado sirio.
Entre 2013 y 2014, a pesar del deterioro extremo de la situación de seguridad, la empresa optó por mantener la actividad industrial el mayor tiempo posible, una decisión que, según la investigación judicial francesa, implicó la aceptación de condiciones impuestas por actores armados locales para garantizar el acceso a materias primas, el tránsito por carreteras estratégicas y la seguridad del personal2.
Pagos, intermediarios y financiación indirecta
Los mecanismos empleados para mantener la producción no siempre fueron directos. Parte de los fondos se canalizó a través de intermediarios, proveedores locales o supuestos peajes exigidos en los controles territoriales. No obstante, las autoridades judiciales consideran probado que estos pagos beneficiaron a organizaciones armadas calificadas como terroristas por la comunidad internacional, entre ellas el Estado Islámico y el Frente al-Nusra3.
Este aspecto resulta central en el caso Lafarge, ya que pone de manifiesto una práctica habitual en determinados sectores industriales: la normalización de acuerdos informales en contextos de violencia armada, presentados como inevitables, pero incompatibles con las obligaciones legales internacionales.
Un precedente judicial de alcance internacional
La dimensión inédita del caso se consolidó en 2022, cuando Lafarge se declaró culpable ante un tribunal federal estadounidense de conspiración para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, aceptando el pago de sanciones económicas por un importe superior a los 700 millones de dólares4. Se trató de la primera condena penal de este tipo impuesta a una multinacional por hechos cometidos fuera del territorio estadounidense.
En Francia, país de origen del grupo, el procedimiento ha seguido una vía distinta. La empresa y varios de sus antiguos directivos han sido imputados por financiación del terrorismo, violación de embargos internacionales y puesta en peligro deliberada de trabajadores. Durante la instrucción, los tribunales también examinaron la posible complicidad en crímenes contra la humanidad, cuestión que dio lugar a un intenso debate jurídico y que desembocó en la apertura de un juicio penal en París5.
Más allá de Lafarge: una cuestión estructural
El interés de este proceso judicial trasciende el caso concreto de Lafarge. Revela las relaciones estructurales entre la industria del cemento, los grandes proyectos de infraestructura y las economías de guerra. El cemento es un material clave tanto en los procesos de reconstrucción como en la consolidación física de los conflictos armados: carreteras, fortificaciones, muros, bases militares o desarrollos extractivos dependen de su producción masiva.
Este contexto obliga a plantear preguntas incómodas: ¿qué responsabilidades deben asumir las empresas cuando su actividad depende de acuerdos con actores armados? ¿Hasta qué punto determinados modelos industriales se benefician de la inestabilidad o aprenden a operar dentro de ella?
La necesidad de información, transparencia y vigilancia ciudadana
El caso Lafarge demuestra que las decisiones empresariales adoptadas en contextos de conflicto no son neutras ni inevitables. También pone de relieve el papel fundamental de la justicia, del periodismo de investigación y de la sociedad civil para hacer visibles prácticas que durante años permanecieron ocultas o minimizadas.
Comprender este caso implica reconocer que las infraestructuras que configuran nuestro entorno cotidiano están, en ocasiones, vinculadas a dinámicas de violencia que rara vez se cuestionan públicamente.
«¿Quién se beneficia del hormigón que se vierte y a qué tipo de sociedad sirve?»
¿No es hora de que los responsables paguen por el daño que han causado? ¿No es hora de que nosotros, los profesionales de la construcción, nos hagamos las preguntas correctas y nos posicionemos? ¿Quién se beneficia del hormigón que vertemos y a qué tipo de sociedad contribuye? Neguémonos a ser socios y cómplices de estas multinacionales construyendo una solidaridad sectorial que tenga en cuenta nuestras diversas capacidades de acción. Luchemos por derechos y condiciones laborales dignas y decentes para los trabajadores de la construcción.
Exijamos una reevaluación del cálculo del impacto ambiental de los productos etiquetados como «bajos en carbono» y la imposición de impuestos a los productores de hormigón para equiparar sus precios con los de otros materiales. Valoremos los edificios existentes. Apoyemos a quienes luchan sobre el terreno contra proyectos grandes, innecesarios e impuestos. Unámonos para romper el control de estas multinacionales sobre la industria de la construcción y crear alternativas reales. ¡Juntos, construyamos un mundo sin ellas!
- https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/10/16/lafarge-et-huit-personnes-seront-juges-pour-financement-du-terrorisme-via-la-filiale-syrienne-du-groupe_6353628_3224.html ↩︎
- Fiscalía Nacional Financiera de Francia, Réquisitoire et actes d’instruction dans l’affaire Lafarge Syrie. ↩︎
- Naciones Unidas, List of Designated Terrorist Organizations, resoluciones del Consejo de Seguridad aplicables al periodo 2013–2014. ↩︎
- Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lafarge Pleads Guilty to Conspiring to Provide Material Support to Foreign Terrorist Organizations, 2022. ↩︎
- Tribunal de Apelación de París y Tribunal Correccional de París, resoluciones e instrucción penal del caso Lafarge (2019–2025). ↩︎
